para acercarle a la comunidad de nuestra facultad el trabajo que se realiza, para garantizar el derecho a la educación a estudiantes privados de libertad que actualmente cursan carreras de grado. Para esto se elaboró un dossier que busca reunir información relativa a la educación en cárceles, la actividad de la Universidad de la República (Udelar) en privación de libertad y particularmente la labor de FCEA. También se organizó un evento con dos mesas donde expusieron docentes, tutores, estudiantes y una operadora penitenciaria los desafíos a los que se enfrentan en este proceso educativo.
La primera mesa estuvo integrada por Rodrigo Arim, decano FCEA; Analía Rivero, coordinadora de la Unidad de Extensión y Relacionamiento con el Medio de FCEA; Gabriela Pasturino, integrante del Área de Derechos Humanos de la Comisión Sectorial de Enseñanza y Actividades en el Medio (SCEAM) e Ignacio Lucas, representante del Programa de Educación y Cultura del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). En la segunda mesa participaron Guillermo Sánchez, estudiante tutor del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas y de Administración (CECEA); Ignacio García, asistente académico y Lionella Parentelli, encargada de educación de la Unidad n°4 de Santiago Vázquez.
El decano Rodrigo Arim comenzó su presentación destacando una de sus preocupaciones sobre el tema de la seguridad: “cuando miro la discusión del país sobre el problema de seguridad, veo que el debate se traduce en clave bélica, se discute qué se puede hacer para combatir al otro y qué se puede hacer para reprimir conductas no deseadas en el marco normativo. Eso es una respuesta disfuncional porque construye sociedades donde la cohesión social es la excepción y la segregación se convierte en una norma de conducta, donde se identifica a unos como los potenciales usuarios de servicios penitenciarios y a otros como los agredidos. Si algo nos tiene que enseñar la historia más reciente de América Latina es que estos mecanismos no son los adecuados, porque donde se tiende a militarizar los procesos de seguridad, las sociedades se convierten en aún más violentas”
También se refirió al rol de la Universidad de la República al respecto: “la Udelar tenía un debe grande en materia de inclusión. No es el principal actor, pero es un actor relevante a la hora de democratizar el conocimiento y asumir que parte de quienes tienen derecho a acceder a la educación terciaria son los estudiante privados de libertad”. También esto incide “a la hora de pensar y repensar cuáles son las políticas adecuadas para mejorar los estándares de convivencia”.
Con respecto al trabajo y a los desafíos de la FCEA dijo: “nos cuesta mucho generar repuestas, hay docentes que les cuesta asumir que hay un universo distinto sobre el cual también tenemos que desarrollar políticas. Creo que esto tiene mucho más que ver con temas culturales que con prejuicios. La institución tiene que adaptarse pero también todos los organismos deben asegurar que la enseñanza en estas condiciones funcione de manera adecuada”. En este sentido, se refirió a las fricciones que aún tiene esta experiencia en facultad porque “implica construir universidad asumiendo un rol relevante desde una política de derechos humanos que asegure el acceso a la educación terciaria de estudiantes privados de libertad. Para eso es necesaria la flexibilidad docente y estudiantil para atenderles de forma adecuada. Tenemos problemas pero lo primero es reconocerlos y luego construir lazos, como lo estamos haciendo”.
En tanto, Ignacio Lucas, representante del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) señaló que cuando el Programa de Educación y Cultura comenzó a trabajar en contextos de encierro “la realidad no era la misma que es hoy, muchas veces la iniciativa de estudiar era por las propias personas privadas de libertad, de sus familias o de la dirección de la Unidad, y eso requería la presencia permanente del INR para respaldar el trabajo”.
“Hoy podemos decir con orgullo que tenemos en cada unidad de detención un Departamento de Educación con un gestor educativo-cultural”. Lucas se refirió a la importancia que tiene la educación en las cárceles, primero con la experiencia de Primaria y Secundaria, y ahora de la Udelar: “hay personas que han salido de la cárcel y quienes han realizado un proceso educativo, hoy están buscando trabajo para no cometer los mismos errores, y ese aprendizaje les está permitiendo moverse con otras garantías y proyectos y con otro amor a la vida que habían perdido”.
Gabriela Pasturino, del área de Derechos Humanos de SCEAM se refirió a este proceso de avances de la Udelar “en clave de tensiones y contradicciones” y lo ejemplificó señalando que el auditorio donde se realizaba la charla estaba lleno de estudiantes: “es relevante porque los estudiantes son un motor de cambio permanente y es saludable que sean los estudiantes los que empujan ciertos procesos como este”.
Se refirió a algunas cifras del contexto carcelario donde hay 10.300 personas privadas de libertad y el 70% hoy no tiene una pena. Señaló que la Udelar no puede ser neutral y “tiene que estar donde pasan cosas”. En este sentido tiene que “asegurar que hay colectivos que tienen cierta vulneración de sus derechos y por eso hay que insistir y brindar las herramientas para que puedan acceder a la educación”.
Se refirió a la resolución del Consejo Directivo Central del año 2016 en la que se insta a los servicios universitarios a flexibilizar los mecanismos para ingresar a la Udelar. Esto facilitó que más estudiantes privados de libertad se inscribieran a carreras de la Udelar. En el año 2016 se habían inscripto cuatro EPL para carreras en la Udelar. Esa cifra llegó a 45 en 2017 y en la preinscripción realizada en noviembre de 2017 por la SCEAM en conjunto con el INR, se presentaron 100 personas privadas de libertad de todo el país interesadas en estudiar en la Udelar, aunque no todas pudieron inscribirse, por distintas razones. Al día de hoy hay 50 estudiantes en privación de libertad estudiando una carrera en la Universidad de la República. “La Udelar debe brindar las posibilidades de acceso a la enseñanza de calidad y a lo largo de toda la vida, reconocer que la educación es un derecho” dijo Pasturino.
Mientras tanto Analía Rivero, coordinadora de la Unidad de Extensión de FCEA, señaló que “como universidad tenemos como misión poder llegar a aquellos que por distintas circunstancias no han podido acceder a la educación y por eso se creó el protocolo de FCEA sobre rendición de pena”.
En este sentido, explicó que el protocolo surge en el marco de una comisión cogobernada que se crea a fines del 2017 cuando ese año se anotan los dos primeros estudiantes privados de libertad en la Tecnicatura de Administración y en 2018 se inscribieron cinco más en cinco unidades distintas.
El protocolo se estructura en cuatro hitos de la vida estudiantil, uno de ellos es la flexibilización del ingreso: “pueden ingresar a facultad con un certificado de reclusión en el caso de que no tengan cédula de identidad, tampoco se les pide carné de salud y se les pide la fórmula 69 para constatar que hayan terminado la secundaria”. El segundo de los puntos importantes refiere al cursado y vida universitaria, “los docentes deberían ir al menos cada 15 dias a los centros de reclusión”, explicó Rivero. “En este primer semestre no hemos tenido ningún avance, ahora estamos presentando en los Departamentos el protocolo y para el segundo semestre el desafío es que se logre este objetivo en al menos algunas unidades curriculares. La idea es generalizarlo para no apelar a la buena voluntad de los docentes o cuán sensibles sean o no al tema”.
En cuanto a los exámenes y revisiones, el protocolo establece que se les va a tomar la misma prueba el mismo dia y en el mismo horario que al resto los estudiantes de la facultad y va un docente de la materia o del área de conocimiento junto a un integrante extensión o asistencia académica. Rivero explicó la experiencia de estas primeras revisiones: “dada la masividad de esta facultad era imposible enviar cinco docentes para las cinco unidades y le pedimos al INR hacer traslados a una sola que fue tomada como sede y a esa unidad fue el docente. A nosotros eso nos solucionó mucho, pero en conversaciones posteriores, al INR le complica y por eso veremos para las segundas revisiones que otras posibilidades podemos tener”.
Al respecto del tiempo de estudio personal, donde el protocolo establece ciertas condiciones para que el estudiante pueda desarrollarse como tal, Rivero dijo que se han avanzado en algunas cuestiones pero aún resta mucho.
La responsable de la Unidad de Extensión de FCEA afirmó que: “lo que hace la Udelar hoy no puede ser producto del azar y de voluntarismos por eso es necesario que haya recursos. Si se cree que esto es importante para la universidad es necesaria la interconexión entre los distintos actores que venimos trabajando en este tema y construir una política institucional de largo plazo que nos guié hacia donde tenemos que ir”.
Asimismo, señaló que lo más importante “es tomar en cuenta a nuestros estudiantes. Hoy habíamos invitado a Leonardo, uno de los chicos privados de libertad que está estudiando, y hace unas horas nos enteramos que no podía venir por distintas cuestiones vinculadas a las coordinaciones”.
Leonardo envió una carta que fue leída al público presente donde agradeció lo que se está realizando para facilitarles el acceso a la educación a los estudiantes privados de libertad y los avances en la calidad y modalidad del estudio. También señaló la importancia de tener “más apoyo docente porque sería más fácil aprender la materia en curso” y destacó el “gran esfuerzo de las tutorías que hacen lo posible para que uno aprenda”. Concluyó su mensaje con la expectativa de “seguir avanzando y apostando porque de este lado hay mucha gente que quieren progresar”.
Ignacio García, asistente académico, dijo sobre este proceso que: “es bueno el contagio como universidad, se deben derribar esos mitos sociales de que no se puede rehabilitar, estos estudiantes con los que trabajamos lo demuestran dia a dia”. Sobre el protocolo de FCEA afirmó que “es bueno transmitir la experiencia a las facultades que aún no tienen protocolo”. García concluyó que “lo más importante es seguir con esto para respetar los derechos pero lo más importante es que contribuye a crear una mejor sociedad, la educación va de la mano con la rehabilitación, por eso es importante institucionalizar este proceso y que no dependa de autoridades de turno”.
Mientras que Lionella Parentelli, encargada de educación de la Unidad n°4 de Santiago Vázquez, destacó la colaboración conjunta de la facultad en el acceso a la educación a las personas privadas de libertad respecto a la exigencia en la toma de los exámenes: “para garantizar la calidad de los estudios universitarios, para eso FCEA ha garantizado los tutores que van de forma periódica y continua y los materiales de estudio”, mientras que el Departamento Educativo “ha garantizado las mejoras en las condiciones del espacio y el acceso a internet por medio de la sala de inclusión digital para que puedan acceder a la plataforma EVA y escribirles consultas a tutores y docentes”.
En tanto, Guillermo Sánchez, estudiante tutor del CECEA, señaló que comenzaron a trabajar desde que se anotó Gabriel, el primer estudiante, en abril de 2017. “Fue un proceso de aprendizaje para nosotros porque no teníamos experiencia en contextos de encierro y nos sirvió para dar discusiones en el centro de estudiantes y hacer algo al respecto sobre el acceso a la enseñanza”. Explicó que: “trabajamos para generar un espacio de compañerismo, no como docentes. Trabajamos en grupo de tres personas y esto nos permite darle constancia a las tutorías y compatibilizarlas con nuestros propios estudios y trabajos. Además hay un factor emocional de entrar en estos contextos y está bueno tener compañeros con quien compartir. También agregó que: “la idea del trabajo en grupo en cada unidad es generar un vínculo con los estudiantes privados de libertad y generar un espacio de compañerismo con ellos porque eso es tan importante como la parte académica”.
Sobre el protocolo de FCEA, Sánchez afirmó que: “este protocolo da garantías a los estudiantes de esta facultad para que sepan que su inclusión no va a ser producto de las voluntades políticas del momento sino que es algo institucional”.
En 2017, se consolidaron las actividades del EFI Trabajo en contexto de Encierro, al tiempo que a través del EFI Costos para la gestión de emprendimiento sociales y comunitarios se comienza a trabajar con la Dirección Nacional del Liberado (DINALI). Esta año se refuerza la apuesta incorporando a los docentes del EFI Trabajo en contexto de encierro a las actividades que se hacen, a su vez, en el EFI ubicado el marco de la Unidad Curricular Control Interno y teniendo presencia en ambos semestres en la Unidad N°6, focalizando su trabajo con los operadores penitenciarios que se inicia en 2017.
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