Universidad en cárceles: Experiencias de trabajo desde el Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio y el Programa Integral Metropolitano

María Cantabrana[1], Leticia Folgar[2], Gabriela Pasturino[3], Analía Rivero Borges[4]

1- Introducción

La Universidad de la República tiene el reto de la democratización del acceso al conocimiento y a la educación terciaria. En este artículo vamos a abordar las trayectorias recorridas en el trabajo con personas privadas de libertad (PPL) desde nuestra institución, particularmente desde el Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio y el Programa Integral Metropolitano[5] . Grandes desafíos interpelan permanentemente este recorrido: tanto el trabajo con el Instituto Nacional de Rehabilitación -recientemente creado y atravesado en los últimos años por procesos de cambio-; como afrontar la dualidad de una tarea en la que la complejidad parece estar puesta en promover las condiciones para el ejercicio de derechos en un contexto en el cual la restricción de los mismos es consustancial. En este artículo intentaremos dejar planteadas algunas de estas tensiones. Para eso es necesario presentar algunos puntos de partida. La Universidad de la República tiene un componente reproductor inherente a su composición social y su lugar estructural; pero también conviven en su seno elementos transformadores en tanto genera conocimiento, lo debate, construye, transmite y aplica, muchas veces en formas colectivas. Generar conocimiento requiere de una capacidad creativa, disciplinada e innovadora que es el germen de muchas transformaciones, incluso en los espacios más conservadores. En un país en que el 80% de las personas que investigan lo hacen en la Universidad pública, la responsabilidad de esta institución es aún mayor, en un momento de notoria desigualdad basada en el acceso al conocimiento y a la educación. Según Arocena y Sutz “la educación y el conocimiento juegan un papel contradictorio: por un lado, se constata que su difusión constituye a largo plazo el mayor contrapeso a la desigualdad; por otro lado, hoy se vive en gran medida una desigualdad basada en el conocimiento”[6] . Gracias a la tradición latinoamericana de la Universidad esta responsabilidad no se concibe de manera aislada, sino conectada con la sociedad en la que estamos inmersos y con otros actores con los que intercambiamos saberes, prácticas y demandas. Una tarea de tales dimensiones no se puede hacer en soledad. Es por ello que el tan mencionado Artículo 2 de la ley 12.549, además de asignarnos como fines la enseñanza, agrega algunos otros:

“Le incumbe asimismo, a través de todos sus órganos, en sus respectivas competencias, acrecentar, difundir y defender la cultura; impulsar y proteger la investigación científica y las actividades artísticas y contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública; defender los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrático-republicana de gobierno”.[7]

No es un mandato sencillo, pero se intenta abordar de múltiples formas y en diversos servicios en todo el país. Hace varios años, el proceso de segunda reforma universitaria entendió que esto sólo se puede hacer a través de la integración de las funciones universitarias de enseñanza, investigación y extensión, en tanto se potencian entre sí. El rol de los docentes desde la integralidad intenta promover iniciativas y crear espacios de oportunidad para el trabajo universitario con la sociedad en su conjunto, ocupándose de temas de interés general y construyendo conocimiento socialmente valioso. Los espacios de oportunidad buscan dinamizar el acceso al conocimiento, las formas de elegir los temas que se investigan y también de resolver las metodologías, en espacios de diálogo que propician la creatividad, acercan a la sociedad y viceversa. Y es desde esta perspectiva que la institución afronta su trabajo en cárceles, asumiendo el compromiso ético con los actores y también con una enseñanza, investigación y extensión de calidad.

Las cárceles en Uruguay son un problema social que necesitamos abordar. Hoy contamos con las tasas más altas de prisionalización en relación al promedio de América Latina con 315 PPL cada 100.000 personas. A lo que se agrega que el 60% de las personas que las habitan lo hacen en malas o muy malas condiciones. Hay más de 11.000 personas en 29 Unidades del INR y sólo el 20% accede a actividades educativas formales[8]. Si bien la educación formal en cárceles tuvo un crecimiento exponencial a partir de la creación del INR y el trabajo interinstitucional de ANEP, MEC, UDELAR, INR e INISA, ese porcentaje aún habla de una situación muy por debajo de lo deseable.

La cárcel no puede sino ser entendida como parte de una situación de la seguridad en Uruguay que es caracterizada por el sociólogo Rafael Paternain en 2013 por el “avance de un estado de ánimo colectivo cada vez más reactivo, la expansión de demandas punitivas, los desplazamientos discursivos de las personas, la emergencia de prácticas microfascistas y la consolidación de representaciones conservadoras sobre los principales problemas sociales”[9]. Enfrentar este sentido común conservador hegemónico, que sustenta el ejercicio punitivo selectivo, requiere de una academia que colabore en construir esos discursos alternativos, así como contribuir a la búsqueda de soluciones innovadoras a los problemas securitarios que no vayan en detrimento de los derechos de las personas.

A continuación se presentarán algunas de las actividades que se realizan en el sentido de lo planteado en esta introducción, desde el Programa Integral Metropolitano y el Área de Derechos Humanos del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio (SCEAM) de la Universidad de la República (Udelar).

2- El Programa Integral Metropolitano en la Unidad No6 Punta de Rieles

El Programa Integral Metropolitano (PIM) es una estructura central de la Universidad de la República dependiente de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio, creado en el año 2008 con el propósito de contribuir a la renovación de la enseñanza desde una perspectiva que integre las distintas funciones universitarias, disciplinas y los saberes universitarios con los de distintos actores no universitarios. Su trabajo se ha concentrado en los Municipios E y F de Montevideo y Barros Blancos de Canelones. Los principales ejes que orientan sus líneas de acción son la relación sociedad-universidad sustentada en la participación y el diálogo de saberes; la búsqueda colectiva y participativa de soluciones a problemas significativos; el trabajo en red y de enfoque territorial y los procesos de enseñanza y aprendizaje inclusivos y promotores de una ética de la autonomía, la participación y el diálogo.

La Unidad de Internación de Personas Privadas de Libertad No6 Punta de Rieles, dependiente del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) fue inaugurada en el año 2010[10], con el fin de contribuir a la disminución del hacinamiento en las cárceles uruguayas denunciado en el Informe de 2009 del Relator de las Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes[11]. Se encuentra ubicada en el Municipio F de Montevideo y según datos 2016 del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario alberga a unos 581 hombres privados de libertad, mayores de 18 años. En total, allí se encuentra el 5,6% de la población reclusa de Uruguay.

El PIM tiene presencia en la Unidad No6 desde el año 2012, a partir de una demanda concreta del INR a la Facultad de Agronomía, quien la trasladó al programa dado el trabajo que este último mantiene desde sus inicios en la zona donde se ubica el establecimiento. En este marco, se realizó una convocatoria a docentes de diferentes servicios de la Universidad y se conformó el Espacio de Formación Integral (EFI) Intervenir para Aprender (IPA) con la participación de la Facultad de Agronomía, la Facultad de Ciencias Sociales y la Escuela de Nutrición. Con el devenir de los años y las experiencias del equipo, las actividades desbordaron este primer dispositivo, y en la actualidad son varias las intervenciones que se llevan adelante desde distintos servicios universitarios, con una alta participación de docentes, estudiantes, operadores penitenciarios y personas privadas de libertad.

Entre las características que distinguen a este centro de otros, destaca el alto número de actividades educativas y laborales, estas últimas promovidas por su dirección. Según datos del I Censo Educativo[12] realizado durante 2016 en la Unidad No 6, un 60% de las personas privadas de libertad participó de al menos un curso de los dictados allí, mientras que un 83,6% se encontraba trabajando. La naturaleza del trabajo que desempeña el PIM en base a sus objetivos, tanto en el establecimiento como en el conjunto del territorio de actuación, desborda la inclusión en estudios terciarios para ocuparse de otra serie de procesos que no necesariamente tienen que ver con la educación formal. Esto plantea una serie de desafíos y oportunidades y complejiza el papel que desempeña la universidad en relación a la privación de libertad.

2.1 El trabajo como estructurador de prácticas en la Unidad Na6.

El PIM inicia sus actividades en la Unidad No6 desde el eje trabajo y a través del EFI IPA con el objetivo de contribuir a disminuir la vulnerabilidad de las personas privadas de libertad, mediante un dispositivo de intervención que propone la participación en instancias de formación que aporten herramientas para su reinserción y contribuyan a revertir procesos de exclusión social, a la vez que sirva de espacio de formación de estudiantes universitarios y de generación de conocimiento socialmente pertinente. Las actividades inician en 2012 fuertemente vinculadas al dictado de un curso de Producción Agroecológica de Alimentos, dirigido a PPL que cumplían tareas laborales en esa área del establecimiento.

Con el paso del tiempo, las ediciones y las evaluaciones, en 2014 se propone una modificación del formato en la que se pudiera dar participación a estudiantes universitarios, creándose la Pasantía Educación - Acción en Contexto de Encierro. En 2017 nos encontramos realizando su cuarta edición, que incluye dos trayectos: uno vinculado a las Buenas Prácticas para la Manipulación de Alimentos, con la participación de la Facultad de Química y otro que conserva el trayecto original vinculado a la Producción Agroecológica de Alimentos y en relación con la Facultad de Agronomía. En ambos las actividades se realizan en conjunto con estudiantes universitarios de diversas disciplinas, innovando en un espacio áulico en donde todos aprenden y aportan desde sus saberes. Para los universitarios esto representa la posibilidad de poder expandir, recrear y reformar sus conocimientos académicos disciplinares, mientras que para las PPL implica una aproximación a la academia y una reformulación de sus conocimientos basados en la práctica.

A partir de la profundización de las actividades en los espacios detallados anteriormente y sus emergentes surgen otras propuestas que lo desbordan. Entre ellas, elegimos destacar la práctica de estudiantes de la Licenciatura en Relaciones Laborales de la Facultad de Derecho en dos modalidades: pasantía de final de grado y práctica de la materia Metodología de la Extensión y el Espacio de Formación Integral Administración de Riesgos, Control Interno y Organización de Emprendimientos en Contexto de Encierro de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.

En ambos se prioriza el aporte disciplinar de docentes y estudiantes de las facultades mencionadas a través del trabajo concreto con PPL y operadores penitenciarios. En particular se ha profundizado en la generación en herramientas para la inserción en el mercado laboral una vez obtenida la libertad, derechos laborales, seguridad laboral y gestión de emprendimientos con énfasis en el control interno. Todas estas actividades tienen como fin problematizar el ser trabajador dentro de una Unidad de Internación de Personas Privadas de Libertad, al tiempo que dar elementos que permitan a los trabajadores gestionar sus actividades y apropiarse de sus derechos. En este sentido la principal conclusión que emerge de nuestras prácticas es que aún queda mucho camino por transitar.

2.2 Cuando la práctica artística irrumpe en lo educativo

En la segunda mitad de 2016, en el marco del trabajo conjunto[13] entre docentes del PIM e integrantes de la Usina Cultural Matices -una organización social y cultural autogestionada por personas privadas de libertad de la Unidad No 6-, irrumpe como una evidencia la reivindicación por parte de algunas PPL de la dimensión educativo-social de las manifestaciones artísticas, así como de su potencial político para la reivindicación de ciertos derechos vulnerados. En ese momento, se define como primer paso la necesidad de contribuir a una mejor articulación de la oferta educativa, artística y cultural que se desarrolla en la Unidad No 6, identificando algunos desafíos relacionados con la desconexión entre la amplia variedad de actores que desarrollan propuestas similares potencialmente articulables y con la falta de circulación de información a la interna de la Unidad en relación a las propuestas educativas y artísticas existentes. Como trasfondo, subyace la necesidad de transformar la oposición estudiar o trabajar en al menos estudiar y trabajar, pensando ambas actividades como derechos y no como premios; así como de mejorar las condiciones de posibilidad para que las PPL puedan dar continuidad a sus trayectorias educativas -incluyendo el acceso al nivel terciario- y de contribuir a fortalecer el proceso de autogestión de la Usina Cultural Matices y la difusión de sus diferentes expresiones tanto dentro como fuera de la Unidad N°6.

Durante ese mismo año se avanzó en un plan de acción que buscaba atender los puntos anteriores e incluyó el diseño y desarrollo junto con un equipo de Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Ciencias Económicas de un censo educativo que tenía por objetivo caracterizar a la población de PPL y ahondar en la situación actual de la Unidad N°6 en términos de acceso a las propuestas educativas, culturales y artísticas. También se dinamizó un espacio de Mesa Permanente de Educación abierta a representantes de todas las propuestas educativas y artísticas que se desarrollaban en la Unidad N°6, trabajando junto con integrantes de la Usina Cultural Matices en el diseño y difusión a la interna de la Unidad.

A lo largo de este proceso, va tomando fuerza la importancia de trabajar en la organización de toques, intervenciones, en la revitalización del espacio radial, de modo de difundir y dar a conocer a la Usina Cultural Matices como un espacio valioso de articulación entre lo educativo y lo artístico. Desde un Programa Territorial como el PIM, fue visualizándose con cada vez mayor claridad la importancia de encontrar la manera de incluir al entorno territorial próximo a la Unidad N°6 en este proceso. En este sentido, en el Plan de Trabajo 2017 se incluyeron dos líneas centrales:

- La propuesta de la Pasantía Diálogos teatrales con personas privadas de libertad, que articula el trabajo del PIM junto con el de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático (EMAD) y el Teatro Solís[14] con el objetivo de desarrollar una propuesta de práctica teatral en la Unidad No 6. Desde una concepción política del teatro, la Pasantía se propuso para 2017 trabajar en dos espacios diferentes que ya existían en la Unidad; por un lado, con integrantes del grupo de Teatro de la Usina Cultural; por otro, con participantes del taller de Iniciación al Teatro[15] -no necesariamente vinculados a la Usina- interesados en iniciarse en la práctica teatral. Atendiendo de manera diferencial las características de cada uno de estos espacios, la intención fue generar un “laboratorio creativo” que aportara recursos expresivos al trabajo, estimulando a la vez la reflexión crítica sobre la práctica del teatro como habilitadora de una nueva forma de vincularse, como praxis al fin. En ambos casos se propuso trabajar específicamente sobre el campo teatral con la asunción de que la forma también aporta contenidos, también es política y, en este caso, servía a la búsqueda de la democratización del ejercicio de un derecho, el del acceso a la cultura y el arte de calidad, frecuentemente vulnerado.

- -El desarrollo de una línea de trabajo que vinculara la Unidad N°6 con su territorio circundante desde diferentes formas de producción artística y expresiones de la cultura. Desde este eje se promueve el desarrollo de actividades que favorezcan el intercambio entre PPL y el entorno territorial a través de la interacción con Comisiones de vecinos, organizaciones y centros culturales comunitarios, con el objetivo de visibilizar las actividades que se desarrollan en el establecimiento. En este sentido se trabajó de manera conjunta en la elaboración de un agenda cultural co-construida con los internos, comisiones y centros educativos y culturales del territorio que, a lo largo del año, permitió tanto que llegaran al interior de la Unidad propuestas y actores del entorno territorial próximo como que salieran productos culturales y artísticos generados en el establecimiento.

Considerando el arte como un derecho y no como un privilegio, premio o forma de combatir la “ociosidad”, se busca llegar a personas que tienen grandes dificultades de acceso tanto en su condición de espectadores/consumidores como de realizadores/productores de manifestaciones artísticas. El trabajo en el ámbito artístico y cultural ha sido una apuesta a entender la expresión, creación, recreación y producción de sentidos como un potencial aporte al fortalecimiento de procesos colectivos dentro del ámbito carcelario. Los espacios de intercambio y mutuo aprendizaje en las líneas metodológicas arriba mencionadas intentan habilitar la generación y mantenimiento de espacios de sensibilización, reflexión y problematización que apelan a una forma de relacionamiento diferente de la vida cotidiana en la cárcel. En este sentido, resulta central reforzar procesos de autonomía y autogestión desde los que concretar la apropiación de espacios, tanto físicos como simbólicos, en situación de privación de libertad.

3- Derecho a la educación terciaria de las PPL

El eje de este trabajo desde la Universidad se puso en la democratización del acceso a la enseñanza terciaria, concibiendo la educación como un derecho a lo largo de toda la vida y para todas las personas, según lo establece la normativa nacional e internacional vigente. Es por ello que se ancla en el Área de DDHH del SCEAM, en coordinación con el Programa de Respaldo al Aprendizaje. Según lo establecido en la Ley de Educación vigente “El Estado garantizará y promoverá una educación de calidad para todos sus habitantes, a lo largo de toda la vida, facilitando la continuidad educativa”[16]. En este mismo sentido garantiza que el Estado “asegurará los derechos de aquellos colectivos minoritarios o en especial situación de vulnerabilidad, con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades en el pleno ejercicio del derecho a la educación y su efectiva inclusión social. Para el efectivo cumplimiento del derecho a la educación, las propuestas educativas respetarán las capacidades diferentes y las características individuales de los educandos, de forma de alcanzar el pleno desarrollo de sus potencialidades”[17]

Si bien las PPL nunca estuvieron impedidas normativamente de cursar estudios terciarios, su realidad y la realidad del sistema carcelario impiden, salvo escasas excepciones cursar carreras en la Universidad. La educación como bien público y social no ingresó a las cárceles hasta hace unos pocos años, con un impulso de la ANEP que implicó, entre otras cosas, más egresos de Secundaria, con un programa de Contextos de Encierro que cumple ya 15 años. Según el informe citado del Comisionado Parlamentario, en el año 2016 había un 8% de analfabetos en el Penal de Libertad[18] y aunque la cifra baja en otras unidades, no se trata de una situación muy auspiciosa para la educación terciaria. No sólo por los niveles educativos cursados, sino por las condiciones de reclusión que mencionamos anteriormente. En tanto el sistema penal se nutre de los quintiles más pobres de nuestro país y, en el área metropolitana, de los municipios más lejanos al centro de la ciudad, los niveles de exclusión educativa en las cárceles son muy altos. Fuera de las cárceles sólo el 15% del quintil con menos recursos económicos alcanza a culminar la educación secundaria y en los quintiles más ricos lo hace un 71%, según los datos del último informe de Ineed.[19] El impulso democratizador de la Universidad, junto con un aumento presupuestal, logró grandes avances en materia de acceso a la educación terciaria y fue de público conocimiento que cerca de la mitad de los estudiantes censados en el año 2013[20] eran la primera generación de su familia en ingresar a la Universidad. La ampliación de turnos, la flexibilización curricular, la creditización y la descentralización, así como otros impulsos de la segunda reforma universitaria fueron cruciales en este proceso, sin embargo este mismo censo arrojaba que un 46% de nuestros estudiantes provienen de liceos privados. Aún no es suficiente, si entendemos la falta de acceso a la educación y el conocimiento como parte del sostén de la desigualdad social. Ingresar a las cárceles, o que las Personas Privadas de Libertad ingresen a la Universidad fue un desafío en este sentido. Si bien había impulsos de acercamiento individuales o de servicios puntuales, muchas veces con un inmenso apoyo familiar de las PPL, en el año 2016 comienza un proceso institucional más claro, impulsado por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Es en este mismo año que se firma a impulso del Programa Integral Metropolitano un convenio marco entre la Universidad de la República y el INR.

Así mismo, el Consejo Directivo Central toma una serie de iniciativas que intentan promover que más PPL accedan a la Universidad. En primer lugar, el CDC constituye una comisión para estudiar la propuesta de los estudiantes, que incluía la flexibilización de los trámites administrativos y el acceso a materiales de estudio. Este espacio de trabajo estuvo integrado por dos prorectores, Hugo Rodríguez y Fernando Pelaez; y dos estudiantes, Santiago Pérez y Virginia Sánchez. La comisión realiza un informe en el que se evalúa como “muy positiva” la reciente firma del convenio de cooperación con el INR y se establecen directivas claras de avance para incluir a las PPL en la Universidad. “Se entiende pertinente propender a que los futuros estudiantes puedan participar de la vida universitaria “a pleno”[21], aclara la resolución, agregando que estos estudiantes deberían tener todos los derechos, entre ellos votar en las elecciones universitarias. A partir de estas resoluciones y con la creación del Área DDHH de SCEAM en agosto de 2016, se avanza como institución en la coordinación dentro de la Universidad, así como en la coordinación interinstitucional, que nos permitió acercarnos a la ANEP y al INR con líneas de comunicación más claras y fluidas a través de la Mesa Interinstitucional para la educación de PPL. Se hizo un recorrido de diálogo con distintas instancias del INR, particularmente con algunas direcciones y con la Coordinación de Educación y Cultura, actores claves en la posibilidad de avance de la Universidad en el sistema. Con ellos debatimos constantemente esas tensiones entre la educación transformadora, liberadora y ese espacio de encierro intrínsecamente violento. El esfuerzo individual y colectivo que distintos servicios universitarios estaban haciendo, comenzó a coordinarse en una Mesa Universitaria que se reúne mensualmente para intercambiar, y avanzar en los desafíos y emergentes que se proponen en esta nueva práctica institucional. En la actualidad tenemos casi 50 estudiantes que se inscribieron en variadas carreras universitarias, casi la mitad de ellos lo hizo en la Facultad de Psicología. Ésto tiene que ver con que es la Facultad con una mejor respuesta y una mayor tradición de estudiantes Privados de Libertad cursando la carrera. Otros estudiantes están en Facultad de Derecho, Sociales, Humanidades y Ciencias de la Educación, Veterinaria, Ingeniería, Arquitectura, Ciencias Económicas, Enfermería, Escuela de Nutrición, entre otros servicios.

El trabajo interdisciplinar con la integración de distintos servicios y en distintas unidades del INR en el país, permite un abordaje cada vez más cercano a cuál es la realidad que debemos afrontar. Esta coordinación intrauniversitaria que también incluye a Bienestar Universitario, el Programa Lea[22], Progresa[23], y otros, potencia los escasos recursos.

Hoy no existe una línea presupuestal destinada a cubrir el trabajo en todas las unidades con los casi 50 estudiantes en privación de libertad en distintos departamentos del país. Las personas que estudian desde el INR en la actualidad tienen distintas situaciones legales, algunas están en prisión domiciliaria, con transitorias por estudio, y distintos niveles de seguridad, o encierro casi total; cuentan con distintos apoyos desde su entorno familiar, sus unidades de reclusión y su servicio universitario. Esto implica un seguimiento caso a caso que se torna muy difícil sin mayores recursos humanos y materiales. Si bien existen apoyos y resoluciones universitarias que impulsan este trabajo, en la actualidad docentes y estudiantes que realizan tutorías lo hacen de forma honoraria, conformando una estructura de voluntariado, pero no un programa universitario. Algunos de los estudiantes que se inscribieron a sus carreras en febrero de 2017 no han podido comenzar sus estudios por falta de respuesta de sus servicios. Existen servicios universitarios como Facultad de Arquitectura que aún esperan resoluciones más claras para que sus órganos de cogobierno resuelvan cómo viabilizar la situación; y otros como Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación que aún en contacto con el estudiante, no han avanzado en la resolución. En algunos servicios universitarios se dieron discusiones sobre la seguridad de funcionarios, docentes y estudiantes en presencia de PPL, en un sentido como el planteado en la introducción, en el que prima el miedo, el desconocimiento, la deshumanización y estigmatización de las PPL. El desafío mayor es alcanzar una institucionalidad que pueda dar respuesta al acceso al derecho a la educación terciaria, potenciando los recursos y programas ya existentes y adaptándolos a las distintas realidades, otorgando recursos propios que vayan en consonancia con el nivel de prioridad política otorgado por el CDC a este tema.

4- Algunos desafíos

Desde hace un tiempo a esta parte la Universidad se ha embarcado en un proceso en pos de democratizar el conocimiento y ampliar los espacios áulicos. Es en ese contexto que desde el PIM y desde el Área de DDHH se vienen desarrollando actividades en vínculo con el sistema penitenciario. En este ámbito la intención es ampliar el foco de la cuestión del delito hacia la pregunta sobre las condiciones de acceso a derechos para algunos sectores de la población. En un contexto de construcción de otredad estigmatizante, parece necesario habilitar otro tipo de reflexión sobre y desde ciertos sectores de nuestra sociedad, que trascienda perspectivas moralizantes. Consideramos con Violeta Núñez la educación como anti-destino[24], en tanto posibilita a las personas a sentir que se es capaz de hacer algo diferente a lo que los enunciados sociales imponen como únicas posibilidades. Es en este sentido que concebimos el diálogo de saberes en tanto que estructurador de la experiencia de trabajo como un aspecto clave de las propuestas y como el punto de partida de procesos activos de enseñanza-aprendizaje.

La pregunta acerca de si es posible reapropiarse y resignificar la experiencia de privación de libertad, ante el panorama de “fragmentación de la experiencia” y situaciones de estigmatización que inciden en los procesos identitarios y en la posibilidad de ejercicio de derechos, actúa como una suerte de guía del trabajo incluso a sabiendas de que es imposible responderla. ¿Cuáles son los espacios de libertad desde los cuales trabajar con aquellos que se encuentran penalmente privados o limitados de su libertad personal? No podemos desconocer, como plantea Daroqui[25], que más allá del ingreso de la universidad al ámbito carcelario, es la cárcel la que sostiene, redefine y establece el conjunto de relaciones sociales en su interior. En este sentido una serie de tensiones internas del INR y de los espacios de encierro, de los sectores sociales que prioritariamente los habitan, y de la propia Universidad, complejizan la tarea y plantean desafíos claves.

En primer lugar la necesidad de la coordinación y el trabajo interinstitucional en el que existan espacios de diálogo y negociación, de acuerdos que no interrumpan, pero que a la vez potencien los objetivos de las instituciones educativas. Este diálogo debe lograrse en el marco de la perspectiva de derechos, que implica, además de lo ya abordado, una fuerte participación de los actores involucrados en la apropiación de esos derechos y esos espacios de trabajo. Asimismo necesita de una apertura universitaria a que nos cuestionen en nuestras prácticas y saberes, por eso elegimos trabajar desde la integralidad. Pero también que las instituciones totales permitan nuestros cuestionamientos en el marco del trabajo conjunto. En lo que respecta al trabajo con las PPL, uno de los desafíos tiene que ver con trascender perspectivas estereotipadas y estigmatizantes a las que hacíamos mención con anterioridad y que son incorporadas por las personas. Esas nociones instaladas sobre nosotros mismos dificultan las prácticas de enseñanza-aprendizaje, ponen barreras que se potencian con la violencia intrínseca del encierro. También es un desafío que las personas se involucren en las prácticas y proyectos universitarios, y que éstos se constituyan en aportes valiosos en el marco de la construcción de trayectos de vida, ya sea porque resignifiquen experiencias previas o porque potencien experiencias posteriores. Una de las dificultades a la que nos enfrentamos, tanto dentro como fuera de los contextos carcelarios, es a la verdadera construcción de autonomía en el marco de procesos de enseñanza que pretenden ser transformadores. La Universidad no hace caridad ni voluntariado, la construcción de los espacios de enseñanza y aprendizaje también tiene que ver con fortalecer una mirada crítica sobre la realidad y producir conocimiento sobre ella. Se trata de poner a disposición elementos que permitan generar menores niveles de sujeción o dependencia. No existe la generación de conocimiento o el intercambio de saberes en abstracto. En palabras de Boaventura de Souza Santos, no podemos concebir “el conocimiento como un elemento abstracto, sino como un conjunto de prácticas de saberes que posibilitan o impiden ciertas intervenciones en la realidad”[26] y eso implica a los sujetos con los que trabajamos, que muchas veces se ven atravesados por una constante falta de derechos pero también por una fuerte sujeción institucional que no permite el desarrollo de proyectos de vida plenos.

En la actualidad existe un discurso que sustenta ésto y otras cuestiones, como la falta de derechos en las trayectorias de vida de algunas personas. Sobre el asunto, Teun Van Dijk plantea que “los textos, las conversaciones y, sobre todo, las formas del discurso público controlados por las élites simbólicas, los políticos, los periodistas, los científicos, los escritores, y los burócratas, construyen, perpetúan y legitiman muchas formas de desigualdad social”[27]. El discurso punitivo, del “algo habrán hecho” y del aumento de penas, sustenta la realidad de falta de derechos que sufren algunas personas y nos deja en este mar de contradicciones de políticas públicas enfrentadas entre la represión y los derechos. Rafael Paternain planteaba en 2013 uno de los nudos más difíciles de resolver en lo que respecta a la seguridad “Llegados a este punto tenemos la obligación de registrar la retroalimentación perversa entre formas concretas de violencia y la hegemonía conservadora. Ambas se necesitan. El delito florece allí donde hay condiciones sociales, políticas y culturales para hacerlo, y la ilusión represiva es la única que se beneficia de esta situación. Esta retroalimentación es el nudo más complejo, sutil y desafiante de la dinámica contemporánea de seguridad”[28]. Y ésto nos propone un constante desafío ¿Cómo intervenir teniendo como norte la transformación de esa ilusión represiva y de las condiciones de vida de las personas que están en privación de libertad y su entorno?¿Nuestras agendas de investigación, enseñanza y extensión, contemplan estas necesidades con la prioridad que deberían? ¿Es posible disputar un sentido común punitivo con este nivel de involucramiento de la academia? En el marco de su artículo sobre las universidades para el desarrollo Arocena y Sutz plantean que la disminución de la brecha de desigualdad “no se puede hacer sin un propósito explícito, sin una política de investigación que incorpore estos objetivos; ésta difícilmente tenga impacto sin otros actores que se sumen a la tarea. Agendas de investigación que le abran espacio a problemas que afectan la capacidad de la gente para vivir vidas que tengan por valiosas, que valoren y estimulen el trabajo interdisciplinario, que se definan en parte en diálogos con actores diversos, con todas las áreas de conocimiento y combinando variadas modalidades de producción del conocimiento, en suma, agendas de investigación orientadas a la inclusión social”[29]. Es entonces que también tenemos planteado como Universidad el desafío de continuar elaborando discursos alternativos, que apuesten a desanudar lo que está anudado, en conjunto con otros actores involucrados.