Descentralización y desarrollo local en Uruguay. Elementos para promover el debate político. Cuadernos para el Desarrollo Local. Diálogos por la descentralización.

La ley de Descentralización y Participación Ciudadana es un nuevo paso en el proceso de descentralización en Uruguay, especialmente en sus aspectos político-administrativos. El país tendrá en poco tiempo autoridades locales electas (en principio, entre 70 y 120 localidades), que asumirán la responsabilidad constitucional de gobernar subdivisiones territoriales de cada departamento, asumir competencias a nivel local y gestionar recursos. A partir de esa realidad, vale la pena preguntarse: ¿Cuáles son las implicaciones prácticas del nuevo marco político-administrativo y jurídico-institucional? ¿Cuáles atañen al gobierno de los territorios locales y cuáles al país en su conjunto? ¿Cuáles conciernen al desarrollo local y cuáles al nacional? ¿Cuáles corresponden a las capacidades requeridas para asumir los nuevos derechos y obligaciones locales de las nuevas autoridades y de los ciudadanos? Y a la vez, ¿cómo se vincula la descentralización con el desarrollo del país, la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes y la calidad de la democracia?
Lo que aquí se expone es el resumen de los trabajos realizados por un grupo de profesionales uruguayos reunidos con el fin de aportar a las interrogantes formuladas antes.  Los miembros del Grupo de Desarrollo Local Uruguay (GDLU) constituyen un equipo de profesionales  que desempeñan actividades en el sector público, en las universidades, en la empresa privada, en las Ongs. Son expertos, académicos, investigadores, gestores públicos, consultores independientes, que procuran volcar sus reflexiones y esfuerzos en aras de un país menos desigual.  
Por otra parte, en este documento no se aborda únicamente la descentralización institucional. Se trata también de la relación de dicho proceso con las condiciones, realidades y circunstancias del desarrollo económico y social del Uruguay en su dimensión territorial.  Se entiende que solo mediante una articulación coherente y funcional entre ambas dimensiones –la político-institucional y la socio-económica-  de la descentralización, se puede abordar con éxito los dilemas y desafíos del país.