DT 02/05 - Empleo y desempleo en el Uruguay 1984 – 2005

Los problemas de empleo acompañaron los cambios del contexto. Desde 1984 hasta 1998, el crecimiento con relativa estabilidad se reflejó en aumento del número de ocupados y de los salarios; quedó como problema una tasa de desempleo alta. En este período no se apreció un deterioro en la calidad del empleo, situación probablemente asociada al aumento del número de trabajadores asalariados privados y a la incorporación de jóvenes de mayor calificación. A diferencia del resto de América Latina, la mayor parte de los empleos generados hasta 1998 fueron en relación de dependencia en el Sector Formal Urbano Privado con un componente, moderado y estable, de empleo no registrado.

Desde 1999 hasta 2003, la recesión y los desequilibrios macroeconómicos se reflejaron en reducción del número de ocupados y de los salarios, deterioro de la calidad del empleo, aumento del desempleo, la emigración, la pobreza y la exclusión. A fines de 2003 comenzó a aumentar el PIB (Producto Interno Bruto) y el empleo comenzó a recuperarse el año siguiente, sin cambios significativos en los niveles de salarios. Durante 2004 se generaron sesenta y dos mil puestos de trabajo y el número de ocupados alcanzó a un millón setenta y cinco mil; no se aprecian mejoras en la calidad del empleo, los ingresos se estabilizan en un nivel muy bajo, el porcentaje de trabajadores no registrados no desciende y la pobreza continúa afectando al 40% de la población.

Durante el primer semestre de 2005 los niveles de empleo y de salarios presentan un pequeño aumento y la cesantía una significativa reducción. Sin embargo, el ingreso de los hogares se encuentra al mismo nivel que durante el primer semestre del año anterior. Las relaciones laborales predominantes en el período no convergen hacia una estrategia de crecimiento con aumento de competitividad y de empleo. La política económica, persiguiendo la estabilidad de precios con un ancla cambiaria, generó pérdida de competitividad, y combinada con reformas en la legislación laboral, creó condiciones para que las empresas adoptaran estrategias de reducción de costos de mano de obra con prácticas flexibilizadoras o delictivas que deterioraron la calidad del empleo. La oferta tecnológica disponible, los precios relativos de los bienes de capital y la expansión del crédito externo estimularon la incorporación de tecnologías intensivas en capital, las que contribuyeron a aumentar el desempleo.

La revisión realizada de diversas regiones y países permite apreciar, en primer lugar, que los problemas de empleo estuvieron presentes en los últimos diez años tanto en los países de mayor grado de desarrollo como en América Latina. En segundo lugar, en el período se aprecian fluctuaciones que no se consolidan en una tendencia clara. Uruguay es un caso con especificidades de la problemática general. Los cambios en la estructura del empleo por categoría y sector muestran la reducción del proletariado industrial, que se desarrolló con la economía cerrada y la sustitución de importaciones desde la década de los cuarenta. El aumento del trabajo no asalariado señala la mayor importancia de un sector social con problemas e intereses específicos que en parte responden a cambios en la organización del trabajo, legítimos y positivos tanto desde el punto de vista de la legislación vigente como de la productividad media de la economía.

En parte son una estrategia de supervivencia de trabajadores que perdieron un empleo de mejor calidad. También existe un componente ilegítimo que encubre relaciones de dependencia para reducir costos, deteriorando la calidad del empleo y las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. Los salarios, la masa salarial y el ingreso de los hogares en términos reales mejoraron a distintos ritmos en el largo período de crecimiento. Desde 1999 inician una importante contracción y en el año 2004 la masa salarial había perdido el 25% del poder de compra de 1998, su participación en el Ingreso Nacional Bruto Disponible (YNBD) se redujo entre 19% y 20% según se mida a precios corrientes o constantes, y el ingreso medio real de los hogares se contrajo un 33% por la convergencia de la caída del salario y de las pasividades en términos reales, así como del número de ocupados. El 48% de los miembros en edad de trabajar de los hogares pobres está ocupado, de modo que la pobreza no es sólo un problema de empleo sino de los hogares numerosos con pocos activos y bajos ingresos. Si se tiene en cuenta que el año 2004 YNBD, estos resultados destruyen los argumentos sobre el efecto “derrame” que tiene el crecimiento así como el papel del empleo para reducir la pobreza, ya que en el año 2004 los hogares pobres trabajaron más pero fueron más pobres y los hogares indigentes, igual de indigentes.

En 2004 el aumento a mayor ritmo aún del empleo total y del empleo asalariado privado tampoco impidieron que el salario real promedio y el privado en particular cayeran (este último un 2.5%), cuestionando las argumentaciones neoclásicas sobre el impacto del aumento del empleo y la reducción de desempleo sobre el aumento del salario. Teniendo en cuenta que la PET (Población en Edad de Trabajar) crece casi un 1% anual (si no hay emigración) y la tasa de actividad tiende al 60%, se requieren 13.000 nuevos empleos por año para permitir la inserción del incremento de la oferta, con el desempleo constante. Para reducir en un 1% el desempleo se requieren otros 12.000 empleos.
El PIB tendría que crecer mas de 4% anual para generar empleos suficientes para reducir un 1% anual el desempleo; para que la reducción se produzca, será necesario que operen políticas dirigidas a la “empleabilidad” así como a sostener los empleos actuales. El importante aumento de los cesantes en la recesión es un indicador de flexibilidad numérica y contribuye a un sistema de hipótesis sobre la variación del empleo con el PIB y el desempleo como diferencia entre el crecimiento de la PEA y los puestos generados. Dicha diferencia resulta relativizada por condiciones que reducen el ritmo de crecimiento de la PEA en la recesión, entre las que cabe destacar la emigración, la reducción de las tasas de actividad que permiten suponer un aumento de los trabajadores “desalentados” y la expansión del empleo de mala calidad como estrategia de supervivencia. La preocupación por la informalidad urbana responde al intento de captar la heterogeneidad de la estructura económica y social, para comprender la lógica económica de las actividades de bajos niveles de productividad y de ingresos de trabajadores de familias pobres. A comienzos del siglo veintiuno se reconocen las limitaciones de los indicadores que permitían medirlo con una buena aproximación durante la segunda mitad del siglo veinte, y la informalidad urbana se convierte en una categoría cada vez más compleja y controversial, como resultado de la heterogeneidad de situaciones que comprende.

En Uruguay requiere una redefinición, que permita poner el énfasis en una parte de sus componentes históricos y, al mismo tiempo, incorporar el análisis de las limitaciones para estos trabajadores a su condición de ciudadanos y al ejercicio de los derechos que formalmente les reconoce el Estado, como los derechos sindicales o políticos. Durante el período de crecimiento del producto, el número de ocupados creció a una tasa media acumulativa anual de 2,05% desde 1984 hasta 1998, alcanzando el máximo desde que existen estadísticas de empleo. Cambió su composición por el aumento de la importancia relativa de los servicios y de los asalariados privados. El aumento del producto fue mayor que el aumento del número de ocupados, lo que muestra un cambio en las funciones de producción por un persistente incremento marginal de capital mayor que el de trabajo.

Lo que en principio puede parecer un aumento de la productividad del trabajo, si se hace el cociente entre el aumento del producto y el aumento del empleo, es un aumento de la productividad media de la economía del país, que permite suponer que la inversión realizada incorporó cambios tecnológicos. Se reconfirma la conclusión si se tiene en cuenta el aumento relativo de ocupados de mayor nivel de instrucción, que es el correlato del cambio tecnológico Las inadecuaciones de las calificaciones requeridas y ofrecidas resultan del cierre de industrias mientras que se da la apertura de nuevas empresas, sobre todo en el sector servicios, los cuales requieren otras calificaciones. Se trata de un desempleo de segmentación que se produce cuando, por una parte, existen puestos de trabajo con nuevas exigencias de calificación, y por otra existen desempleados que no poseen esas calificaciones requeridas; los desajustes se perciben por empresas, sectores o regiones. Este desempleo de segmentación podría explicar casi la mitad de la tasa de desempleo y si se supone que la información insuficiente, la segmentación por localización y la derivada de las condiciones de trabajo ofrecidas y demandadas también operan al alza, se construye una hipótesis sólida sobre el aumento de la magnitud y la estructura del desempleo. Además, durante la década de los años noventa, en la mayor parte de los países latinoamericanos, incluyendo a Uruguay, estuvo presente el “atraso cambiario” que desestimuló las exportaciones e incentivó las importaciones, derivando en caídas del nivel de actividad económica y el empleo; fue una causa muy importante del aumento del desempleo, que los análisis que se limitan al mercado de trabajo no tienen en cuenta. La sociedad y la economía uruguaya han generado nuevos mecanismos de concentración del ingreso y de exclusión, que impiden que los hogares más pobres reciban algún beneficio del crecimiento. Las implicancias para la estrategia de crecimiento y las políticas son múltiples. En primer lugar, es imprescindible identificar estos mecanismos de exclusión y destruirlos, estableciendo puentes de inclusión, promoviendo la organización y expresión de los pobres, aumentando su poder. En segundo lugar, teniendo en cuenta la importancia de los inactivos en los hogares pobres, se requerirá una política de aumento persistente del salario mínimo nacional, del salario mínimo rural y del salario doméstico, así como de las pensiones a la vejez. En tercer lugar, las transferencias dirigidas a los niños y los jóvenes deberán continuar más allá de los dos años previstos en el Plan de Emergencia.