Avances y desafíos en la ley de Inclusión Financiera

El miércoles 23 de mayo en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración se realizó la mesa redonda Inclusión financiera, avances y desafíos: Restricciones y nuevos instrumentos de pago organizada por los Departamentos de Administración, Economía y Contabilidad y Tributaria de FCEA, con el objetivo de analizar los impactos de la inclusión financiera, en particular las restricciones al uso de dinero en efectivo y cheques.

En esta mesa redonda expusieron destacados expertos en el tema como Martín Vallcorba, coordinador del Programa de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas; Leandro Francolino, vicepresidente del Banco República; Dr. Alejandro Miller, docente de la Facultad de Derecho, y Eva Holz, Álvaro Romero y Jorge Xavier, docentes de FCEA.

Martín Vallcorba comenzó su presentación destacando los objetivos de la ley de Inclusión Financiera a la que definió como “muy amplia”. Explicó que esta ley pretende “universalizar el acceso al sistema financiero con foco en los sectores que históricamente han estado excluidos, como los hogares de menores ingresos, y de esta manera transformar y modernizar el sistema de pagos. Uruguay tenía un sistema de pagos totalmente rezagado y con esta ley se promueve el uso de medios de pagos electrónicos más modernos, eficientes y seguros en sustitución del efectivo”.

“Estas transformaciones están pautando la economía de la región, con ley o sin ley, tarde o temprano iban a llegar a Uruguay” señaló Vallcorba. Además añadió: “el mundo va en esta dirección y estamos viendo un mundo donde la economía digital domina y esto impone cambios también en la vida social y cultural”.

Destacó que las medidas implementadas fomentan el “derecho a acceder de forma gratuita a un medio de pago electrónico que abarca a trabajadores, pasivos, profesionales universitarios y empresas”.

Se presentaron cifras que ilustran estos cambios en el sistema de pagos: al 2017 se han emitido, sin contar los de alimentación, 700.000 instrumentos de dinero electrónico (IDE) y 450.000 nuevas tarjetas de débito en los últimos dos años. Además más de 800.000 personas accedieron a una cuenta o IDE gratuito, el 30% de esta población es mayor de 15 años.

Mientras tanto, Jorge Xavier sostuvo que “el crecimiento de las tarjetas de débito está alineado a los beneficios y a las estrategias que están destinadas a cambiar el comportamiento de la gente”. Sostuvo que esta normativa es de inclusión financiera porque “reduce costos y riesgos implícitos en el uso de efectivo y promueve eficiencia y seguridad en los pagos, generando economías de escala y reduciendo costos de los servicios de pago”.

Como incentivo para fomentar el uso de las tarjetas de débito y crédito, Álvaro Romano se refirió a la reducción del IVA de dos puntos porcentuales cuando corresponden a las enajenaciones de bienes o servicios efectuadas a consumidores finales y de dos puntos adicionales cuando la enajenación de bienes o servicios es menor a 4000 Unidades Indexadas (UI).

Además, Vallcorba también explicó que se han implementado “medidas para que pequeños comercios no queden excluidos del proceso de modernización que era una preocupación”. Entre estas disposiciones que rigen desde el 2018, se destaca la mejora el subsidio para el arrendamiento de las terminales de pago (POS) que es del 70% para pequeños comerciantes y la rebaja de arancel que los emisores de tarjetas de débito y crédito cobran a los comercios que trabajan con medios de pago electrónico.

Jorge Xavier mencionó que los comerciantes siguen utilizando el cheque como medio de pago: “aún sigue mostrando resistencias la baja de su uso”.

En este sentido, Eva Holtz señaló que “el uso del cheque sigue firme porque es una práctica difícil de sustituir en el comercio mayorista porque permite que circule el crédito sin necesidad de mayores requisitos, por eso es conveniente que los endosos sean trazables”.

Además mencionó que se congratula que haya conciencia por parte del gobierno de que “no se puede impedir la circulación de estos medios de pago con los cuales terminan cancelando la mayoría de los pagos los negocios mayoristas. Los vales no tienen plazo como los cheques, máximo seis meses, y el comerciante, a medida que va llegando el vencimiento del vale lo puede ir sustituyendo”.

Vallcorba explicó que “los cheques diferidos en la operativa comercial van a seguir utilizándose hasta que no se reduzcan los costos de las transacciones grandes, aunque se han reducido mucho, para los grandes comerciantes sigue siendo conveniente su uso”.

Por su parte, el Dr. Alejandro Miller indicó que “el medio electrónico permite identificar al sujeto que paga y al que recibe el dinero, identifica a la operación en sí”.

Además, a su entender, “la ley no propone la desmaterialización de los títulos valores (letra de cambio, cheque, pagaré) pero supone una desaprobación paulatina de los títulos al portador. Se tendrían cheques comunes nominativos sin plazo y sin monto”.

En tanto, Leandro Francolino, vicepresidente del BROU se refirió al recurso de inconstitucionalidad que presentó un abogado contra los artículos 12 y 83 de la Ley de Inclusión Financiera (que establece que los pagos de los honorarios profesionales fuera de la relación de dependencia deberán efectuarse mediante medios de pago electrónico o a través de la acreditación en cuenta financiera) y argumentó que estas disposiciones implican una importante limitante a su libertad de elegir medios de pago al momento de cobrar honorarios, lo que forma parte de la esfera de la autonomía de la libertad de toda persona.

Francolino explicó que este caso marca un precedente: “esta ley es constitucional y no hay ninguna vulneración de los derechos individuales” dado que la Suprema Corte de Justicia, en abril de este año, rechazó por unanimidad este recurso de inconstitucionalidad al considerar que esta norma persigue un interés general, entre ellos, evitar la evasión impositiva por parte de los profesionales lo que justifica “la restricción de derechos individuales en aras del bien común”.

Por otra parte, Martín Vallcorba en su presentación se refirió a los cambios en la ley que rigen desde abril de este año con respecto a la compra-venta de inmuebles y automóviles, así como las operaciones por montos elevados.

Aquellas transacciones que superen 40.000 UI, equivalentes hoy a unos U$ 5000, no podrán ser canceladas mediante dinero en efectivo. Esto generó alarma en algunos profesionales, entre ellos los escribanos, en cuanto a los efectos que la norma podría tener en los negocios que estén enproceso pero terminen luego de que entre en vigencia la norma, por lo que Vallcorba explicó que “no le agrega más trabajo a los escribanos, solamente ahora tendrán que dejar constancia el medio de pago utilizado en el documento que respalda la operación, pero no se agregan trámites formales costosos que encarezcan la operativa de la compra venta de automoviles e inmuebles”.

Vallcorba explicó que “para todas las operaciones de menos de 160.000 UI no hay ningún tipo de afectación” con la nueva normativa y que “por debajo de U$ 5000 no hay ningún cambio. Lo que se regula en compraventa de inmuebles y automóviles y pagos en montos elevados son los pagos en dinero en efectivo”.

La mesa redonda concluyó con el anuncio de Vallcorba que se está trabajando “en una norma interpretativa que vaya al espíritu de la ley y que considere los pagos en sentido amplio que considere todos los casos en los que hay desplazamiento de dinero”.

Para Vallcorba, “un sistema de pagos eficiente hace que la economía sea más eficiente y, por tanto, que se generen ganancias de bienestar social para la sociedad en su conjunto, también son razones de bien general”.