- Felipe Berrutti (IECON), Andés Rius (IECON)

El egreso de cada vez más Licenciados en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración prolonga una tendencia que se origina en el año 1995. En años recientes, el número de graduados en economía se ha incrementado a un ritmo superior que el de otras carreras universitarias. Estos profesionales tienen una inserción laboral variada, en organismos públicos y privados pertenecientes a distintos sectores de actividad o en el ejercicio independiente de la profesión. No es claro, sin embargo, si existe y cuál es el número óptimo de economistas para un país como Uruguay.

Cantidad de egresos anuales de UdelaR (1960-2015, índice base 2000)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema de Gestión de Bedelías.

Más en general, tendría sentido que la Universidad de la República evaluase periódicamente si el número de especialistas que egresan año a año de las múltiples carreras es razonable y ajustado a las necesidades de desarrollo del país. Una iniciativa de esa naturaleza enfrentaría desde su concepción dos problemas fundamentales. Primero, no sería nada sencillo resolver cómo determinar las necesidades del país, dada la variedad de visiones existentes sobre los objetivos y estrategias de desarrollo. Segundo, se necesitaría contar con mecanismos eficaces y socialmente aceptables para predeterminar la distribución del egreso por carreras que reclama el proceso de desarrollo. En esta nota abordamos parcialmente el primer problema.

Adoptar una estrategia de desarrollo para el país y determinar las necesidades de profesionales que de ella se derivan serían tareas plagadas de dificultades. No obstante, se puede tener una aproximación a las necesidades de recursos humanos para el desarrollo examinando áreas del Estado donde la magnitud de las funciones que le incumben permite deducir una noción del número de economistas adecuado y –especialmente– del francamente inadecuado.

Los economistas se vinculan con el Estado en dos tipos de roles. Por un lado, pueden actuar como miembros de elencos político-partidarios o aspirantes a serlo. En efecto, en varios países se observa un crecimiento sostenido del número de presidentes, candidatos presidenciales y ministros con formación en economía. No es posible emitir fácilmente un juicio de valor sobre la deseabilidad de este proceso, dado que se encuentra asociado a las formas de las democracias, las vocaciones y las personalidades. De cierta forma, la conveniencia de contar con más políticos profesionales en economía solamente puede ser evaluada por los ciudadanos y, por ende, escapa del alcance de este artículo.

El otro rol de los economistas en el Estado es el de funcionarios técnicos de los organismos gubernamentales. En este caso, es posible realizar juicios de valor sobre la conveniencia de contar con más profesionales en Economía (y en otras especialidades). Ello se asocia a que, en general, poder sostener políticas de desarrollo más desafiantes y complejas, requiere contar con burocracias públicas calificadas y eficaces. En particular, las capacidades técnicas de los economistas son activos valiosos para la implementación de ciertas políticas públicas, por lo que contar con un número suficiente de economistas en el mercado es una condición necesaria para el éxito de éstas.

Un ejemplo de este tipo de políticas es la política industrial, entendida como aquella que procura incidir en la estructura productiva para promover el desarrollo económico, empleando una variedad de herramientas para construir marcos institucionales de colaboración, competencia e imposición que contribuyan a los cambios buscados. Esa construcción necesita estar basada en importantes acumulaciones de conocimiento sectorial especializado, para números más o menos grandes de sectores.

¿Cuenta el Estado uruguayo con este acumulado de conocimiento técnico? La política industrial que se siguió en último lustro parece revelar un notorio déficit de profesionales en economía. El caso de los consejos sectoriales instaurados en marcos de decisiones del Gabinete Productivo, y coordinados por Ministerio de Industria es ilustrativo. Creados para articular el desarrollo de políticas industriales en 18 sectores de actividad, cuentan con tan solo 14 técnicos, con vínculos laborales precarios y comparativamente mal remunerados. Se espera que ese plantel de técnicos explore las formas de interacción entre el Estado y el sector privado que maximizan el interés público; tarea excesivamente demandante para un equipo de las dimensiones mencionadas.

De forma similar, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (CPDC) –fundamental para la construcción de los mercados y la difusión de las ventajas de la competencia—no ha superado, ni en sus mejores momentos, la decena de funcionarios técnicos (incluidos los comisionados)¹. Sin que implique cuestionamiento alguno al aporte de esos profesionales a las áreas de actuación que les haya tocado atender, la defensa de la competencia en Uruguay luce institucionalmente débil. Ello se manifiesta, por ejemplo, en la limitada capacidad de realizar estudios de mercado “de oficio”, o de contribuir a la difusión de una cultura de la competencia analizando y difundiendo análisis competitivos de ciertas políticas públicas. En breve, una política industrial de largo aliento, ameritaría una mayor presencia numérica de economistas experientes para áreas claves del Estado.

Lo anterior busca ilustrar el siguiente punto: si bien es imposible determinar el número óptimo de economistas en el Estado, parece existir espacio disponible para los nuevos economistas en algunos rubros de la política pública. El desarrollo nacional necesita expertos que sean capaces de realizar propuestas, evaluarlas críticamente y reconocer y dimensionar la incertidumbre inherente a la resolución de problemas económicos y sociales. Sin embargo, lo anterior no debe leerse como una exhortación a la incorporación masiva y acrítica de economistas a la gestión pública. Por un lado, no es un dato automático que las tareas que se les asignen serán intensivas en sus conocimientos técnicos ni que serán distribuidos a las reparticiones que parecen requerirlos con mayor urgencia.

Además, ello podría tener consecuencias sobre la calidad democrática de los Estados, dado que le otorga poder a agentes no democráticamente electos. Existe evidencia de que los economistas que trabajan en los Estados de América Latina operan como “tecnócratas autónomos”. El desempeño de los economistas públicos, por ende, debiera guiarse por lineamientos que emanen de procesos democráticos.

En este sentido, es deseable que los economistas expliciten su rol cuando actúan públicamente y que reconozcan las limitaciones de su formación técnica. La incorporación de buenas prácticas éticas y comunicacionales a la formación académica de los economistas –como es el caso del Plan 2012 de la Licenciatura en Economía– puede ser de utilidad a estos fines.

^{1 El equipo actual de la CPDC está conformado por tres abogados, tres economistas y los tres comisionados (actualmente dos profesionales de la economía y una del derecho).}