Sr. Director:

El insuceso que hace pocos días determinó la remoción del presidente de Antel, volvió a instalar en la opinión pública el debate respecto a cuál es el perfil que debe tener un director de empresa pública.

Surgieron discusiones para determinar si dichos cargos tienen que ser ocupados por políticos o por técnicos. Por enésima vez, los debates aceptaron como punto de partida un paralogismo de falsa oposición, que no hace sino oscurecer el problema y confundir la manera correcta de resolverlo: ¿técnicos o políticos?

La conducción profesional de las organizaciones, es decir su dirección, se nutre de conocimientos provenientes de múltiples áreas científicas: economía, matemáticas, finanzas, contabilidad, estadística, derecho, sociología, política, psicología, comunicaciones y otras. Quizás esta integración de saberes tan diversos explique, aunque sea parcialmente, la confusión prevaleciente y la falta de desarrollo de la gestión profesional en nuestro país.

Es razonable pensar que ese desconocimiento ha tenido, por lo menos, dos consecuencias funestas: a) banalizar el concepto de gestión o dirección de organizaciones, asumiendo que se trata de una tarea común y trivial; y b) no se necesita poseer estudio, experiencia ni capacidades especiales para gestionar. Todos pueden hacerlo, sin desmedro.

Si las empresas públicas pretenden sinceramente mejorar la gestión, sin demora deben profesionalizar su gobernanza, comenzando por la dirección superior.

El punto de partida es seleccionar a los directores aplicando las mejores prácticas en la materia. También hace falta capacitar y motivar positivamente al personal, variar estructuras, modificar operaciones, sistemas y procesos, controlar la gestión y superar otras muchas limitaciones por el estilo.

Es ineludible integrar los directorios de las instituciones con personas que reúnan formación y experiencia para desempeñar dichos cargos. Los textos sobre gestión de los recursos humanos exponen el uso del método siguiente cuando se profesionaliza la selección del personal: a) descripción del cargo a ocupar, o sea, detallar los cometidos y actividades que serán competencia de la persona que se seleccione; b) especificar los rasgos requeridos para asegurar altos niveles de eficacia y eficiencia en el desempeño de dichos cometidos; c) reclutar un número adecuado de aspirantes que demuestre poseer los atributos antes especificados; d) seleccionar un reducido número de candidatos emergentes de un proceso realizado con herramientas científicas y técnicas, que permitan evaluar a los interesados y elegir a los mejores; y e) designar al postulante que genere la mejor opinión entre los responsables de la nominación.

Este marco, que respeta los requisitos previstos en el artículo 187 de la Constitución, excluye los hábitos tradicionales en la provisión de los directorios de las empresas públicas; quedan fuera el reparto por cuota política, la militancia partidaria y el fracaso del nominado registrado en algún intento de acceder a cargos elegibles.

Es obvio que existe un claro conflicto entre la costumbre prevaleciente y la selección científica. La vía para dirimir su contraposición es evaluar los procedimientos en términos de su contribución al logro de los objetivos expuestos por el Gobierno para el desempeño de las empresas públicas. Hecho el cotejo y elegida una de las dos vías de acción, correspondería descartar la otra sin más trámite.

Los directores de las empresas públicas, así como los integrantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo que participan en su designación, son servidores públicos. Esto implica que su conducta está orientada a servir a los demás. Dicho de otro modo, con sus acciones contribuirían al desempeño y logro de los objetivos de la organización. Por esa vía, simultáneamente, atienden los intereses de la ciudadanía.